ABOGADOS Y ASESORES EN ELCHE (ALICANTE) ESQUITINO, TRIVES Y BERENGUER

¿QUIÉNES SOMOS?

2010-01-20T17:58:00.059+01:00

Esquitino, Trives y Berenguer es un despacho compuesto por un preparado equipo de abogados, economistas, graduados sociales y licenciados en ciencias empresariales especializados en Derecho, Asesoramiento Fiscal, Gestión Empresarial, Administración de empresas, Contabilidad, Relaciones Laborales y Nuevas Tecnologías.

Tenemos como objetivo fundamental y principal prioridad conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes. Por ello ofrecemos un asesoramiento integral mediante el que podamos encontrar soluciones individualizadas para cada problema, y ello con al afán de dar el mejor servicio.

Nuestros Servicios:

DEPARTAMENTO JURÍDICO: Nuestros abogados y asesores en Elche (Alicante), le prestarán los siguientes servicios:

Ámbito extrajudicial, para evitar posibles litigios y pleitos ofrecemos un asesoramiento preventivo que trasladamos a la redacción de todo tipo de contratos.

Ámbito judicial, trabajamos en dos aspectos: En primer lugar la presentación de todo tipo de demandas, y por otra parte en la defensa letrada en juicio, principalmente en los siguientes ámbitos de actuación:

Derecho Civil:

Derecho Mercantil:

Constitución de Sociedades

Contratos de Agencia y Distribución

Constitución de Sociedades

Concursos

Derecho de Marcas y Propiedad Industrial

Protección de Datos

Derecho Administrativo:

Recursos administrativos y recursos contencioso administrativo
Reclamaciones patrimoniales
Sanciones

DEPARTAMENTO FISCAL: Nuestro equipo de economistas y asesores fiscales le ayudarán en las siguientes materias:

Tramitación de la documentacón necesaria para la constitución de empresas.
Asesoramiento sobre las disposiciones que pueden afectar a las empresas y clientes.
Informamos de las nuevas disposiciones que puedan afectar a nuestros clientes
Asistencia técnica ante la Inspección de Hacienda y dirección material de las inspecciones.
Confección de las declaraciones fiscales de los impuestos que les afecten y preparación de recursos y reclamaciones
Asistencia técnica ante la Inspección de Hacienda y asumimos la dirección material de la misma
Análisis y supervisión periódica del área fiscal de empresas, autónomos y particlares, con la finalidad de preveer y evitar anomalías que supongan riesgos tributarios.

DEPARTAMENTO LABORAL: Nuestros abogados y graduados sociales especialistas en esta materia le asesoraran al respecto de:

Asesoramiento en las relaciones diarias de la empresa con sus trabajadores.
Gestión de todos los asuntos laborales y de Seguridad Social, como retribuciones salariales y extrasalariales, contratación, despidos e incalpacidades, pensiones, expedientes de regulación de empleo.
Asesoramiento técnico y legal en las Inspecciones de trabajo.
Actos de Conciliación
Incapacidades
Despidos

Asesoramos y ayudamos a nuestros clientes y preparamos su defensa en juicio en reclamaciónes de carácter Laboral y de Seguridad Social, así como en actos de conciliación, juicios y recursos.

PROTECCIÓN DE DATOS

2010-01-19T18:17:00.001+01:00

ADAPTAMOS SU EMPRESA A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

La Ley Orgánica de Protección de Datos y el reciente Reglamento que la desarrolla, establecen un nuevo marco normativo que supone la obligatoriedad para la mayoría de las empresas de adaptarse a esta Ley antes de abril de 2009.

La LOPD tiene por objeto garantizar la confidencialidad y el uso adecuado de los datos de carácter personal que manejan las empresas y los profesionales, habida cuenta que el incumplimiento de la misma puede suponer sanciones desde 600 euros hasta 600.000 euros.

El objetivo de este Despacho es adecuar la Ley de Protección de Datos a las empresas, adoptando una serie de medidas esenciales a fin de garantizar la privacidad y la confidencialidad de los datos que de sus clientes reciba, almacene o procese, toda vez que cualquier empresa, tiene datos personales de clientes, proveedores y empleados registrados en soporte automatizado y en papel. Por tanto, tiene un riesgo evidente respecto a la LOPD.

¿Cumple su empresa con la nueva normativa de LOPD?

TEST DE AUTOEVALUACIÓN

1.- ¿Conoce las obligaciones que impone la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal?

2.- ¿Existe una política de seguridad interna, definiendo las funciones del personal y las medidas de acceso tanto físico como lógico a los datos personales?

3. ¿Cumple su empresa con el procedimiento de recogida, mantenimiento y la cesión de datos de carácter personal?

4.- ¿Conoce qué es un documento de Seguridad y su contenido?

5.- A nivel informático, ¿conoce las medidas técnicas exigidas por la ley?

6.- ¿Conoce qué es la Gestión de Soportes?

7.- ¿Conoce qué es un Registro de Incidencias?

Para solicitar un Presupuesto y ser contactado por nuestros especialistas, puede escribirnos directamente a esquitriber@esquitriber.es indicando el nombre de su empresa y especificando que desea un Presupuesto. Recibirá nuestra respuesta en el plazo más breve posible.

NUESTROS PROFESIONALES

2010-01-19T17:49:00.002+01:00

OFICINA DE ELCHE:

Miguel Angel Berenguer Sánchez.- Abogado
Raquel García Marchena.- Abogado
Andrés Antón Agulló.- Abogado
Mª Carmen Tovar Francés.- Abogada
Manuela Antón Agulló.- Abogada
Enrique Esquitino García.- Economista
Salvador Trives Campos.- Economista y Auditor
Javier Gómez Aguilar.- Diplomado en Ciencias Empresariales
Cristian García Tovar.- Graduado Social
Fina Juan Espinosa.- Economista

Nuestros administrativos:
Concepción Román Cuadrado
Dolores Rico Pérez
Jesús Gil Ruiz
Inma Martínez García
Sonia Moratón Juárez
María Alarcón Pardo
Lidia Jaén Gómez

RECLAMACIONES DE CANTIDAD

2010-01-19T12:41:00.003+01:00

Los abogados y asesores que forman parte de nuestra empresa le asistirán cuando lo que se pretenda sea la reclamación judicial de una cantidad, debiendo acudir a la vía civil para ello, siendo los principales procedimientos civiles que se pueden instar los siguientes:

1) JUICIO VERBAL: El juicio verbal se iniciará mediante demanda en la que se consignarán los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados, y se fijará con claridad y precisión lo que se pida (art. 437 LEC). El tribunal previo examen de su jurisdicción y de su competencia objetiva y, cuando proceda, territorial, dictará auto en el que ordenará, en su caso, la admisión de la demanda y su traslado al demandado y citará a las partes para la celebración de vista, con indicación de día y hora.

Se presentarán las demandas de Juicio Verbal cuando el importe de la reclamación no exceda de la cantidad de 3.000.-€uros (si bien con la entrada en vigor el próximo día 4 de Mayo de 2010 de la Ley 13/2009, de 3 de Noviembre, este procedimiento será destinado para la reclamación de cantidades que no superen el importe de 6.000.-€).

2) JUICIO ORDINARIO: El juicio se iniciará por la interposición de una demanda, en la que se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con claridad y precisión lo que se pida. Será obligatoria la intervención tanto de Abogado como de Procurador para la presentación de la misma.

Se presentará la demanda de Ordinario cuando el importe de la reclamación exceda de la cantidad de 3.000.-€ (si bien con la entrada en vigor el próximo día 4 de Mayo de 2010 de la Ley 13/2009, de 3 de Noviembre, este procedimiento será destinado para la reclamacion de cantidades que superen el importe de 6.000.-€).

El tribunal, una vez examinada de oficio su jurisdicción y competencia objetiva y, cuando proceda, territorial, dictará auto admitiendo la demanda y dará traslado de ella al demandado, para que conteste en el plazo de veinte días.

Una vez contestada la demanda, o transcurridos los plazos correspondientes, el tribunal convocará a las partes a una AUDIENCIA, que se llevará a cabo para intentar un acuerdo entre las partes que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución de éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba. Las partes habrán de comparecer en la audiencia asistidas de Abogado.

Si no hubiese acuerdo de las partes para finalizar el litigio ni existiera conformidad sobre los hechos, la audiencia proseguirá para la proposición y admisión de la prueba, y se señalará fecha de Juicio.

3) PROCESO MONITORIO: Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda el pago de una deuda dineraria, vencida y exigible, de cantidad determinada que no exceda de 30.000.-€uros (si bien con la entrada en vigor el próximo día 4 de Mayo de 2010 de la Ley 13/2009, de 3 de Noviembre, este procedimiento será destinado para la reclamación de cantidades que no excedan de 250.000 €uros), cuando la deuda de esa cantidad se acredite de alguna de las formas siguientes (art. 812 LEC):

1. Mediante documentos que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente del deudor.

2. Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.

El Juzgado competente para el proceso monitorio será el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA del domicilio del deudor o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago por el tribunal.

El procedimiento monitorio comienza por petición del acreedor en la que se deben expresar la identidad del deudor, el domicilio del acreedor y del deudor, y el origen y cuantía de la deuda, acompañándose los documentos que la acreditan. Una vez admitida la demanda de monitorio en el Juzgado se le otorgará un número de procedimiento y se requerirá mediante providencia al deudor para que, en el plazo de veinte días, pague la cantidad que debe. En este período de tiempo puede suceder:

1. Que el deudor pague la deuda: en ese caso se archivaran las actuaciones judiciales.

2. Que el deudor se oponga al pago: la oposición se debe hacer por escrito (siendo obligatorio para su redacción la intervención tanto de Abogado como de Procurador) y el asunto se resolverá definitivamente en el Juicio que corresponda. Es decir, si la cuantía de la reclamación no excede de la propia del Juicio Verbal, el tribunal de inmediato convocará la vista. En el caso de que el importe de la reclamación exceda de dicha cantidad, el deudor deberá interponer demanda de ordinario en los plazos establecidos para ello.

3. Que el deudor no haga nada (ni pagar, ni oponerse): si el deudor no comparece en el Tribunal se dictará un AUTO despachando ejecución por la cantidad adeudada procediéndose al embargo de los bienes del deudor hasta cubrir la citada cantidad.

4) JUICIO CAMBIARIO: Sólo procederá el juicio cambiario si, al incoarlo, se presenta letra de cambio, cheque o pagaré que reúnan los requisitos previstos en la Ley cambiaria y del cheque (art. 819 LEC). Será competente para el juicio cambiario el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA del domicilio del demandado.

El juicio cambiario comenzará mediante demanda a la que se acompañará el título cambiario. El tribunal analizará, por medio de auto, la corrección formal del título cambiario y, si lo encuentra conforme, adoptará, sin más trámites, las siguientes medidas (art. 821 LEC):

1. Requerir al deudor para que pague en el plazo de diez días.

2. Ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad que figure en el título ejecutivo, más otra para intereses de demora, gastos y costas, por si no se atendiera el requerimiento de pago.

En los diez días siguientes al del requerimiento de pago puede suceder:

1. Que el deudor pague la deuda: en ese caso se archivaran las actuaciones judiciales.

2. Que el deudor se oponga al pago: la oposición se debe hacer por escrito y en el plazo de diez días el tribunal dictará Sentencia resolviendo sobre la oposición.

3. Que el deudor no haga nada (ni pagar, ni oponerse): si el deudor no comparece en el Tribunal se dictará un AUTO despachando ejecución por la cantidad adeudada procediéndose al embargo de los bienes del deudor hasta cubrir la citada cantidad.

DERECHO MERCANTIL

2010-01-01T18:00:00.002+01:00

Sobre esta materia les ofrecemos los siguientes servicios:

Asesoramiento en la constitución de sociedades, y en el cumplimiento de las obligaciones que han de cumplir dichas sociedades. Presentación , a partir de su constitución de las correspondientes declaraciones ante la Agencia Tributaria: declaración del I.V.A. (trimestral), y declaración del I.R.P.F. (trimestral); liquidación de los impuestos anteriores (anual); liquidación del impuesto sobre sociedades (anual).
Asesoramiento en relación con la empresa familiar.
Contratos de compraventa mercantil, venta a plazos, opción de compra y condiciones generales de contratación
Contratos de arrendamientos de negocio, traspaso, obra y servicios, franquicia, distribución , comisión o representación.

En ocasiones el empresario cesa en su actividad, o simplemente se transforma; para estos casos, nuestro equipo le ofrece los siguientes servicios:

Asesoramiento sobre la disolución y liquidación de empresas.
Asesoramiento ante situaciones concursales. Declaración del concurso de acreedores (voluntario o necesario), comunicación del crédito (ordinarios, contra la masa, subordinados)
Reclamación de impagados, acciones judiciales por incumplimiento de obligaciones.

DERECHO DE MARCAS, PROPIEDAD INDUSTRIAL

Para la protección de los signos distintivos se concederán, de acuerdo con la Ley, los siguientes derechos de propiedad industrial:

Las marcas.
Los nombres comerciales.

Al respecto nuestro Equipo le ofrece los siguientes servicios:

Ejercicio de acciones civiles y penales por violación del derecho de marca.
Reclamación en vía civil de la cesación de los actos que violen su derecho.
Reclamación de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación.
Asesoramiento en materia de competencia desleal: actos de confusión, engaño, imitación, comparación, explotación de la reputación ajena.

ALCOHOLEMIA

2010-01-01T17:29:00.001+01:00

ALCOHOLEMIA

La alcoholemia es una de las principales causas de los accidentes de circulación en España, siendo por ese motivo que cada vez son más habituales los controles de alcoholemia.

La tasa máxima de alcoholemia permitida en la normativa administrativa de tráfico es la siguiente:

CONDUCTOR TASA EN AIRE //TASA EN SANGRE:

• GENERAL: 0,25 mg/l //0,5 g/l

• NOVEL: 0,15 mg/l //0,3 g/l (durante los dos años siguienes a la obtención del permiso o licencia que habilita para conducir).

• PROFESIONAL: 0,15 mg/l //0,3 g/l (transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados a transporte de viajeros de más de nueve plazas, o de servicio público, transporte escolar y de menores, mercancías peligrosas o servicio de urgencia o transportes especiales).
El conductor tiene la obligación legal de someterse a la práctica de la prueba de la alcoholemia y su negativa puede dar lugar a 2 tipos de responsabilidades:

1. Penal: Si nos negamos a realizar la prueba podemos incurrir en un delito que puede ser sancionado con pena de prisión de 6 meses a 1 año y privación del permiso de conducir de 1 a 4 años

2. Administrativa.

La medición del alcohol por aire espirado se realiza mediante unos aparatos denominados etilómetros, que deben superar pruebas obligatorias y periódicas de mantenimiento.
En los casos en los que la primera medición fuese positiva, se realizará una segunda, dejando transcurrir entre ambas al menos 10 minutos.
Caso de dar la segunda medición positiva, los conductores tenemos derecho a:
• Pedir que otra persona que se halle presente compruebe que entre ambas mediciones transcurren al menos 10 minutos.

• Contrastar los resultados obtenidos con el etilómetro mediante un análisis de sangre.

Si el resultado del análisis también es positivo, estaremos obligados a abonar los gastos derivados de realizarnos dicho análisis, si el resultado es negativo, los gastos correrán por cuenta de la administración.
Se realizará por los Agentes igualmente una diligencia de signos externos. Dicha diligencia consiste en la percepción de los agentes de nuestra actitud , halitosis a alcohol, deambular , forma de expresarnos etc…
Las sanciones que se imponen por conducir bajo los efectos del alcohol pueden ser de 2 tipos:
Sanciones penales: La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas u otras drogas está castigada por el Código Penal, para lo cual habrá que atender al índice de alcohol en aire expirado o en sangre que haya sido ingerido y a la influencia del mismo en la conducción del vehículo. Pero se establece además que existe delito por el mero hecho de que la tasa de alcohol en aire espirado supere los 0,60 miligramos por litro o la tasa de alcohol en sangre sea superior a 1,2 gramos por litro. Al tratarse, no lo olvidemos, de un delito castigado por el Código Penal, el conductor se ve sometido a un juicio rápido y debe estar defendido obligatoriamente por un letrado.
En estos casos, el conductor es castigado (si es condenado en el correspondiente juicio celebrado por un Juzgado de lo Penal) a una pena de prisión de 3 a 6 meses o a la de multa de 6 a 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y además en cualquier caso a la de privación del derecho a conducir de 1 hasta 4 años. Este delito puede concurrir con la comisión de otras infracciones si el conductor se ve implicado en un accidente de circulación, tales como un delito o falta de lesiones , de homicidio etc., así como con la responsabilidad civil que, en su caso pueda derivarse.
Es importante recordar que si el asunto se tramita por la vía del juicio rápido, y si el conductor se declara culpable ante el Juzgado de Instrucción, podrá beneficiarse de la rebaja en un tercio de la pena. Por ello, es habitual que en casos flagrantes y claros, previa conformidad con el Fiscal, el conductor sea sancionado con la pena rebajada, es decir, la privación del derecho a conducir durante 8 meses, más una multa económica.
No puede sancionarse la misma infracción (la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas) por la vía penal y por la vía administrativa al mismo tiempo, por lo que se tramitará primero por la vía penal y, si el juez, tras el juicio correspondiente, dicta una sentencia absolutoria, es posible que las autoridades de tráfico inicien los trámites para sancionar la infracción administrativamente.

Si el conductor del vehículo da resultado positivo en la prueba de la alcoholemia, los agentes pueden proceder a inmovilizar el vehículo y a retirarlo a los depósitos habilitados al efecto si supone un obstáculo para la circulación. Los gastos que se deriven de la inmovilización del vehículo, su traslado o su depósito, corren por cuenta del conductor del vehículo
Si el conductor fuera acompañado, podrá conducir, el vehículo su acompañante (si también tiene carnet de conducir en regla) al que también se le practicará la prueba de la alcoholemia. Evidentemente se le permitirá conducir si el resultado de la prueba de alcoholemia que se le realice es negativo.

EL DELITO DE ROBO

2010-01-01T17:21:00.001+01:00

Comete un delito de robo el que se apodera de cosas muebles que no le pertenecen con el propósito de hacerlas suyas y enriquecerse, empleando fuerza en las cosas para poder acceder al lugar donde los objetos se encuentran, o utilizando violencia o intimidación sobre las personas.

Dentro del delito de robo pueden distinguirse:

El robo con fuerza en las cosas: Existe robo con fuerza en las cosas cuando se dan alguna de las siguientes circunstancias:

1. Escalamiento: Supone la entrada al lugar en el que encuentra el objeto empleando una vía de acceso que no es la habitual (por ejemplo, por la ventana)

2. Rotura de la pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.

3. La rotura o el deterioro de armarios, arcas, muebles u objetos cerrados, se fuerzan sus cerraduras o se descubren sus claves para acceder a su contenido, independiente de que esto se produzca en el lugar del robo, o fuera del mismo.

4. El uso de llaves falsas (ganzúas, las llaves perdidas del propietario, si éstas se obtienen de forma ilegal; también se consideran llaves las tarjetas magnéticas y los mandos a distancia).

5. La inutilización de los sistemas de alarma.

En estos casos el delito de robo está penado con prisión de 1 a 3 años.

El robo con violencia o intimidación en las personas: El delito de robo en esos casos se castiga con la pena de prisión de 2 a 5 años, pena que se añadirá a la que pueda corresponder por los actos de violencia que en su caso realice (por ejemplo, si concurre con amenazas o coacciones)
Se impondrá la pena en su mitad superior cuando se utilice armas u otros medios peligrosos.
En atención a la violencia o intimidación que se ejerza, y valorando además las restantes circunstancias del hecho puede darse el caso de aplicar una pena inferior en grado.
Cuando el lugar en que se comete el delito de robo se encuentra habitado

Si el robo se produce en casa, edificio o local abierto al público, o sus patios, garajes y demás departamentos contiguos y en comunicación con el interior y estuvieran habitados en el momento de cometerse el mismo.
En estos casos el responsable podrá ser castigado con la pena de prisión de 2 a 5 años.

El robo según los objetos y las circunstancias
Para el caso que el robo se realizara sobre:

• Objetos de valor artístico, histórico, cultural o científico.

• Bienes de primera necesidad o destinados a servicio público, siempre que la sustracción ocasionara un grave perjuicio o una situación de desabastecimiento.

La pena de prisión de 2 a 5 años se impondrá también a los autores del delito de robo en los que se sitúe a la víctima o a su familia en grave situación económica o se realice abusando de las circunstancias personales de la víctima.

DELITO DE ESTAFA

2010-01-01T17:10:00.001+01:00

Realiza un delito de estafa aquel que, con la intención de obtener un beneficio, influye en otra utilizando el engaño haciéndole incurrir en un error que lleva a la víctima a realizar un acto de disposición sobre su patrimonio que ocasiona un perjuicio económico a sí misma o a un tercero.

Cometen estafa aquellos que, para conseguir un beneficio o enriquecimiento, utilizan manipulaciones informáticas o medios similares para obtener la transferencia de cualquier bien patrimonial, sin el consentimiento del titular.
La pena va variando teniendo en cuenta las circunstancias que sirvan para valorar la gravedad del delito tales como el perjuicio económico que el delito ha ocasionado en la víctima, las relaciones entre ésta y el defraudador, los medios empleados... etc.

Existen una serie de circunstancias que, por su gravedad, que conllevan la imposición de una pena de prisión agravada:

Cuando el perjuicio ocasionado por el delito de estafa recae sobre cosas de primera necesidad, la vivienda u otros bienes de reconocida utilidad social.

• En el caso que la estafa se cometa abusando de las relaciones personales entre la víctima y el estafador, o cuando éste se aprovecha de su credibilidad empresarial o profesional.

• Cuando se realiza simulando un pleito o empleando cualquier otro fraude procesal.

• Cuando la estafa se realiza utilizando la firma de otra persona o cuando se oculta, inutiliza o se sustrae, total o parcialmente, algún expediente, protocolo, documento público u oficial de cualquier clase.

• Si la estafa se realiza mediante letra , pagaré o cheque.

• Cuando la estafa es de especial gravedad atendiendo a la situación económica en que quede a la víctima o su familia, por el perjuicio ocasionado o por el valor de lo defraudado.

Puede ser castigado como autor de un delito la persona que comete los siguientes supuestos:
1. Se finge ser el dueño del bien (mueble o inmueble) y lo vende, alquila o lo grava de alguna manera (por ejemplo con una hipoteca) a otra persona perjudicando a su verdadero dueño o a una tercera persona.

2. La persona que vende una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o habiendo vendido la cosa como libre, la gravara o la vendiera de nuevo antes de la transmisión definitiva, y ello en perjuicio del adquirente o de una tercera persona.

3. La persona que realice un documento o contrato, público o privado, que refleje un negocio inexistente entre dos personas, u ocultando el contrato verdadero, con el propósito de originar un perjuicio a una tercera persona distinta de las que intervinieron en dicho contrato.

DERECHO SUCESORIO

2010-01-01T17:06:00.001+01:00

DERECHO SUCESORIO

Como Derecho sucesorio se entiende el conjunto de normas de nuestro ordenamiento jurídico que regulan el destino de los bienes y relaciones jurídicas transmisibles de una persona para el momento en que se produzca su muerte.

Si se encuentra en esa situación y desea información y asesoramiento acerca de cómo proceder a la repartición de los bienes de una herencia, o que es lo que le corresponde respecto de la misma, en este Despacho contamos con abogados cualificados para ayudarle a resolver sus dudas.

Son varias las circunstancias que hay que tener en cuenta a la hora de repartir los bienes, derechos y obligaciones del causante (fallecido): los bienes y deudas que conforman su patrimonio, si realizó o no testamento, quienes son sus herederos forzosos, etc.

LA HERENCIA: La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte. Los herederos suceden al difunto, por el solo hecho de su muerte, en todos sus derechos y obligaciones.

LA SUCESION TESTADA: “EL TESTAMENTO”: El testamento es el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o parte de ellos.

El testador puede disponer de sus bienes a título de herencia o de legado; ello nos lleva a diferenciar entre:

• Heredero universal: es aquella persona que asume todos los bienes y derechos integrados en la herencia.

• Heredero particular o legatario: es aquel supuesto en el que el fallecido al margen de instituir o no los herederos que se repartirán los bienes, establece uno o varios legatarios, a los que deja bienes o derechos que forman parte de la herencia.

Existen varios tipos de testamentos, pero las formas más utilizadas, son el testamento ológrafo y el testamento abierto notarial:

• El testamento ológrafo: es aquel en el que el testador lo escribe por sí mismo respetando las formalidades y requisitos fijados por el Código civil.

• El testamento abierto notarial: es prácticamente el único testamento que se realiza en la actualidad; y consiste en hacer constar la última voluntad del causante, en escritura pública ante Notario. El testador expresará oralmente o por escrito su última voluntad al Notario. Redactado por éste el testamento con arreglo a ella y con expresión del lugar, año, mes, día y hora de su otorgamiento y advertido el testador del derecho que tiene a leerlo por sí, lo leerá el Notario en alta voz para que el testador manifieste si está conforme con su voluntad. Si lo estuviere, será firmado en el acto por el testador que pueda hacerlo y, en su caso, por los testigos y demás personas que deban concurrir. El Notario se encarga de la conservación del testamento, entregando al testador una copia, y se consigue, a través del Registro General de Actos de Últimas Voluntades, saber cuál fue el último testamento vigente a la muerte del testador.

El testamento es siempre revocable, siempre se puede cambiar, el que otorga el testamento no está obligado por lo que diga, sino que siempre puede otorgar uno posterior.

LA SUCESION INTESTADA: LA DECLARACION DE HEREDEROS. SUPUESTOS MÁS FRECUENTES: La sucesión intestada se produce únicamente cuando el fallecido no otorgó testamento antes de morir, o el mismo fuera nulo o deviniere en nulo; y por lo tanto el destino que ha de darse a su patrimonio será el establecido por la ley, que marca quiénes son sus herederos siguiendo un orden de parentesco.

A falta de testamento el orden de los herederos es el siguiente:

1. Si el fallecido tiene hijos, su herencia se divide entre todos sus hijos por partes iguales. Si alguno de los hijos ha muerto antes que el padre, hay que diferenciar:

o Si este hijo tenía a su vez hijos, les corresponde a estos por partes iguales la parte que le tocaba a su padre o madre.

o Si el hijo muerto no tenía hijos, la herencia se divide sólo entre los hijos que viven a la muerte del padre.

Si el fallecido estaba casado: a su cónyuge le corresponde como legítima, sólo el usufructo de un tercio de la herencia, además de mitad de los bienes que sean gananciales.

2. A falta de hijos o descendientes del difunto, heredarán sus ascendientes, en el siguiente orden:

• En primer lugar los padres. Si no hay padres pero sí abuelos o ascendientes más lejanos, heredarán éstos. En este caso al viudo le corresponde el usufructo de la mitad de la herencia.

• Si no viven los padres del causante ni éste ni tiene ascendientes de ningún tipo, el cónyuge viudo será el heredero.

• Si no viven los padres del causante, ni éste tiene descendientes ni tiene cónyuge al momento de su muerte: heredarán los parientes colaterales hasta el cuarto grado, más allá del cual no se extiende el derecho a heredar abintestato.

• En el caso que el difunto no tenga ninguno de los parientes antes indicados, en definitiva, si muere sin testamento y sin parientes, hereda al Estado.

En los supuestos en los que no existe testamento, la sucesión del causante se efectuará a través de la tramitación de la Declaración de herederos abintestato; que es un documento público en el que se indican los parientes con derecho a la herencia.

Si los herederos son los descendientes, ascendientes o el cónyuge viudo, la declaración de herederos se hace ante la Notaría del lugar donde el fallecido tenía su último domicilio, que se realizará por medio de un acta notarial.

Son necesarios una serie de documentos ( D.N.I. del fallecido, certificación de defunción, certificado del Registro de Actos de Última Voluntad, Libro de Familia, etc) y dos testigos que sean conocedores de las circunstancias personales y familiares del fallecido.

Si los herederos fueses los hermanos, hijos de hermanos o parientes colaterales de grado más lejano, la declaración de herederos se deberá realizar en el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde el difunto tenía su domicilio habitual al tiempo de su fallecimiento.

LOS HEREDEROS FORZOSOS. LAS LEGÍTIMAS. CASOS MÁS FRECUENTES.

La legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos.

Los herederos forzosos son los parientes más cercanos al difunto a los que la Ley atribuye, obligatoriamente, una parte de la herencia. De este modo, los herederos forzosos no pueden ser ignorados por el testador, puesto que existe la obligación legal de dejarles la legítima.

Son legitimarios:

1. Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes.

2. A falta de hijos o descendientes, son legitimarios los padres o ascendientes.

3. Por último se conceptúa como heredero forzoso al cónyuge viudo. Su legítima siempre en usufructo es variable según los legitimarios con quienes concurra.

Cuantía de la legítima según los legitimarios:

1. La legítima de los hijos y descendientes es de dos tercios, de los cuales uno puede dedicarse por el causante a mejorar a alguno o alguno de aquellos o a todos (tercio de mejora), siendo el otro tercio denominado de legítima estricta el que corresponde por partes iguales a todos los hijos. En este caso el restante tercio denominado de libre disposición puede ser adjudicado por el causante a cualquier persona sea o no heredero forzoso.

2. De no existir hijos y descendientes, a los padres y ascendientes, por legítima, les corresponde la mitad del haber hereditario, salvo el caso en que concurrieren con el cónyuge viudo del descendiente causante, en cuyo supuesto será de una tercera parte de la herencia.

Legítima del cónyuge viudo:

1. Al cónyuge viudo, por legítima, si el causante tiene hijos o descendientes, le corresponde en usufructo el tercio de mejora, correspondiendo a los herederos mejorados la nuda propiedad del mismo.

2. Si el cónyuge viudo, por no tener descendencia, concurre sólo con ascendientes, le corresponde el usufructo de la mitad de la herencia.

3. Si no hay ni descendientes ni ascendientes, tiene derecho al usufructo de dos tercios de la herencia.

LA PARTICION DE LA HERENCIA: La partición de la herencia consiste en la distribución de los bienes del causante entre los herederos en proporción a la cuota que a cada uno de ellos corresponde, en función de lo establecido en el testamento o en la declaración de herederos.

Puesto que la herencia se compone tanto por los bienes y derechos del fallecido como por sus deudas y obligaciones, en la partición deberá inventariarse y ser objeto de adjudicación tanto los bienes como las deudas del fallecido.

La partición de la herencia con carácter general puede ser voluntaria o judicial.

La partición voluntaria es la que se realiza por los herederos de común acuerdo. Se efectúa mediante escritura pública ante Notario. La escritura de partición puede realizarse en la Notaría que libremente elijan los herederos y ha de ser firmada por todos los herederos.

La partición judicial se lleva a cabo en los supuestos en que los herederos no se ponen de acuerdo sobre cómo hacer el reparto de los bienes del causante, por lo que habrán de acudir al Juez de Primera Instancia para que se realice una partición judicial.

LA FILIACIÓN. ACCIONES DE FILIACIÓN.

2010-01-01T14:28:00.001+01:00

La FILIACIÓN es la condición de una persona que se deriva de la existencia de unos progenitores, y de las relaciones que se mantienen entre éstos y los hijos.
Con las acciones de filiación se persigue iniciar procedimientos judiciales en los que el objeto del proceso consiste o bien en declarar o determinar la existencia de una filiación que es objeto de reclamación o impugnar o privar de efecto a una filiación previamente determinada.

En los juicios sobre la filiación será admisible la investigación de la paternidad y de la maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas.
1.- El principio de prueba en la demanda: La negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad y la prueba de ésta no se haya obtenido por otros medios.
Es necesario destacar que para la admisión de la demanda en los juicios de filiación será necesario únicamente un principio de prueba de los hechos en que se funde.
Se trata de presentar con la demanda una serie de indicios de la posible filiación, se debe acreditar al menos indiciariamente la existencia de hechos, situaciones o relaciones (cartas o escritos del demandado, fotografías, movimientos bancarios, etc.) que, razonablemente, permitan deducir la posible existencia de una relación paternofilial entre los interesados.
Las acciones que correspondan al hijo menor de edad o incapaz podrán ser ejercitadas indistintamente por su representante legal o por el Ministerio Fiscal.
2. Las acciones de reclamación: Con esta acción se pretende la obtención de una sentencia que determine una filiación que anteriormente no se ostenta por el demandante. Éste puede reclamar su filiación amparándose en todo tipo de pruebas.

3. Las acciones de impugnación: La presunción de paternidad debe calificarse como iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario. En consecuencia, cabe privar de efecto a la presunción e impugnar la paternidad presuntivamente determinada.

ALZAMIENTO DE BIENES

2010-01-01T13:53:00.000+01:00

Cuando hacemos referencia al alzamiento de bienes, hablamos del delito consistente en que una persona física o jurídica oculte o transfiera todos o parte de sus bienes que estaban destinados a responder ante sus acreedores como medio de pago de alguna deuda, o bien finja o propicie su insolvencia patrimonial para eludir sus responsabilidades como deudor.

Algunos modos de realización del alzamiento de bienes son:

- la venta de algún bien que inminentemente se sabe que va a ser embargado

- el cambio de titularidad de nuestros bienes hacia otra empresa o alguien de confianza, al que se le denomina testaferro.

INCAPACIDADES

2010-01-01T13:18:00.003+01:00

Cuando la persona alcanza la mayoría de edad, ello conlleva su plena capacidad a la hora de obrar civilmente, sin embargo hay determinadas circunstancias en las que esta capacidad de obrar estaría limitada.

Esa persona puede estar afectada por una deficiencia o enfermedad física o psíquica persistente que le impide gobernarse sola, y que por tanto, en aras a su protección necesita que alguien complemente esa falta de capacidad de obrar.

Pero la capacidad de obrar se presume siempre. Por ello, para constatar esa limitación en la capacidad de obrar es necesario que se inicie un procedimiento judicial, en el que quede probado que esa persona no es capaz de valerse por si misma, y por tanto no puede realizar negocio jurídico alguno.

Al tratarse de una situación tan grave y, con consecuencias tan trascendentales, el ordenamiento jurídico impone que la incapacitación sólo puede declararla un Juez mediante Sentencia, tras haberse tramitado el oportuno procedimiento judicial.

LA INCAPACITACION JUDICIAL

La incapacitación es una forma de limitar y restringir la capacidad de obrar de una persona. Se puede distinguir entre:

TOTAL: La incapacitación total abarca la totalidad de los actos jurídicos y el incapacitado queda privado de toda su capacidad de obrar.

PARCIAL: la incapacitación es de tipo medio o atenuado, viéndose afectada de forma parcial la capacidad de autogobierno de su persona o de administración de sus bienes.

PROCEDIMIENTO DE INCAPACITACION

El procedimiento de incapacitación debe iniciarse ante el Juzgado de 1ª Instancia, del lugar en que reside la persona presuntamente incapaz.

A fin de determinar que personas pueden iniciar el proceso, cabe distinguir dos supuestos:

El menor presuntamente incapaz.- Mientras una persona es menor de edad está amparada por la patria potestad que, normalmente, será ejercida por ambos progenitores.

Los padres actúan por sus hijos menores, supliendo su falta de capacidad. Al cumplir los dieciocho años, la persona adquiere la plena capacidad de obrar. Por ello, cuando sea previsible que el menor continúe siendo incapaz aún después de alcanzar la mayoría de edad, es aconsejable iniciar el procedimiento de incapacitación mientras sea menor.

En este caso, iniciarán el proceso quienes ejerzan la patria potestad, o en su caso, la tutela, con el efecto de quedar la guarda automáticamente prorrogada en beneficio del menor.

El presunto incapaz mayor de edad-. En esta situación puede promover la declaración de incapacidad:

- el presunto incapaz.

- su cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable

- los descendientes,

- los ascendientes,

- los hermanos del presunto incapaz

- El Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las personas mencionadas anteriormente no existieran, o no la hubieran solicitado.

- Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación. Al referirse a cualquier persona se faculta evidentemente al supuesto incapaz, para que él mismo pueda recabar el auxilio del Ministerio Fiscal para la iniciación del procedimiento de incapacitación.

El procedimiento puede iniciarse:

1. Mediante solicitud dirigida a la Fiscalía del domicilio de la persona presuntamente incapaz. De este modo, será el Ministerio Fiscal, a la vista de los informes y documentos facilitados, quien interponga la demanda, si considera que existen indicios suficientes

En este caso, y si la persona a incapacitar no actuara con abogado, se le nombrará (salvo que ya lo tuviese designado), un Defensor Judicial, que asumirá su defensa y amparará sus intereses en el procedimiento de incapacitación.

2. Mediante abogado y procurador que interpondrán directamente la demanda ante el Juez competente.

En proceso judicial de incapacitación debe quedar acreditado que el presunto incapaz verdaderamente lo es. Para ello se practican diferentes medios de prueba, los más habituales son:

- Prueba documental: consistente en los documentos públicos o privados (informes médicos emitidos por los especialistas que hubieran atendido al presunto incapaz, informes sociales, certificado de minusvalía, etc.) para acreditar la enfermedad o deficiencia en la que se basa la solicitud de incapacitación.

- Audiencia de parientes: consistente en que por el Juez sean oídos los parientes cercanos del presunto incapaz, quienes serán preguntados por su relación de parentesco, sobre la deficiencia que padece y si están de acuerdo con el procedimiento de incapacitación.

- Examen por el Juez del presunto incapaz, con quien hablará para tener un primer criterio sobre el alcance de su minusvalía (en la capacidad de autogobierno de sí mismo).

- Exámenes por parte de especialistas: el Juez acordará los dictámenes periciales médicos, psicológicos, sociales, etc., necesarios, encaminados a probar que existe la enfermedad o deficiencia física o psíquica.

Una vez practicadas las pruebas, el Juez dictará sentencia, en la que se determinará la extensión y límites de la incapacidad, así como, en su caso, prorrogará o rehabilitará la patria potestad o bien nombrará un tutor o un curador, señalando los actos que puede realizar por sí solo y los que precisen de la asistencia de una tercera persona.

Esta sentencia se inscribirá en el Registro Civil, así como las posteriores que puedan dictarse para modificar ésta. En los casos que sea necesario, también se inscribirá en los Registros de la Propiedad y Mercantil

En la sentencia, el Juez puede declarar la incapacitación total (para regir su persona y bienes) o parcial (para la administración de sus bienes). También puede definir en la sentencia cuáles son los actos concretos para los que se le incapacita, precisando aquellos otros para los que tendrá capacidad plena.

La sentencia de incapacitación no impide que, si sobrevienen nuevas circunstancias (curación, mejora o empeoramiento), se pueda instar otro proceso para dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida.

LAS INSTITUCIONES DE GUARDA Y PROTECCION DEL INCAPAZ

Declarada la incapacidad, total o parcial, de un individuo mediante Sentencia Judicial, el siguiente paso es nombrar a la persona o entidad que le va a representar o, en su caso, asistir en todos aquellos ámbitos de la vida y, para todos aquellos actos, que no pueda realizar por sí solo.

En este apartado pueden destacarse distintas figuras de protección de las personas incapaces, que establece el ordenamiento jurídico:

- Patria potestad

- Tutela

- Curatela

- Defensor Judicial

PATRIA POTESTAD: Procede la patria potestad prorrogada, cuando la persona incapacitada es menor de edad y convive con sus padres, o con uno de ellos. En este caso, el Juez que aprecie la incapacidad declarará prorrogada la patria potestad a favor de los progenitores, para cuando el hijo incapaz alcance la mayor edad.

TUTELA: es la institución de guarda que procede cuando se declara la incapacidad total de una persona, para regir su persona y sus bienes, en sustitución de la patria potestad ejercida por los padres. Están sometidos a tutela:

- Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.

- Los incapacitados, cuando la Sentencia lo haya establecido.

- Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela.

El tutor es el representante legal de la persona tutelada. Esto significa que el tutelado puede suscribir escrituras, concertar contratos, solicitar prestaciones, o realizar cualquier otro acto con trascendencia jurídica, siempre que actúe a través de su tutor que firmará en su nombre. Por lo tanto, los actos que efectúe el incapaz sin la asistencia de su tutor serán nulos y carecerán de validez legal.

CURATELA: es la institución de guarda que se establece cuando se declara la incapacidad parcial de una persona. La incapacidad parcial supone que la persona conserva cierto grado de autogobierno o autonomía, que le permite adoptar las decisiones más sencillas sobre su persona y/o bienes. Están sometidos a curatela:

- Los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la Ley.

- Los que obtuvieren el beneficio de la mayor de edad.

- Los declarados pródigos.

- Las personas a quienes la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución judicial que la modifique coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento.

El curador, a diferencia del tutor, no es el representante legal del incapacitado. La misión del curador es asistir al incapaz y complementar su capacidad, en aquellos actos que no pueda realizar por sí mismo. Los actos en que se considera necesaria la intervención del curador, deben quedar delimitados en la sentencia que haya establecido la curatela.

DEFENSOR JUDICIAL: es una figura de guarda que se caracteriza por su actuación provisional y transitoria. Su cometido es representar, o en su caso, asistir al incapaz en situaciones en que no pueden hacerlo sus progenitores, el tutor o el curador, o cuando éstos no existen.

DESPIDOS

2010-01-01T12:59:00.000+01:00

A) DISCIPLINARIO:

Regulado en el art. 54 y ss del ET, 43.4 y 103 a 113 de la LPL .

El objeto del procedimiento por despido disciplinario se trata de resolver sobre la procedencia o no de un despido amparado en motivos disciplinarios (incumplimiento grave y culpable), por ejemplo:

Faltas asistencia-puntualidad; indisciplina-desobediencia en el trabajo; ofensas físicas-verbales a empleador-compañeros
Abuso de confianza; disminución rendimiento trabajo; embriaguez habitual-toxicomanía que repercuta negativamente en el trabajo.

El plazo para el ejercicio de la acción (art. 43.4 y 103 de la LPL) es de 20 días hábiles desde la fecha del despido (plazo de caducidad)

Contenido de la demanda (art. 104 y 106 de la LPL), se hará constar por ejemplo:

Lugar de trabajo, categoría profesional, características particulares del empleo-salario, tiempo y forma de pago-antigüedad.
Fecha del despido, forma, causas alegadas por el empleador.
Si el trabajador fuera representante de los trabajadores o sindical, se habrá de acompañar expediente contradictorio.

En la celebración del juicio se produce una inversión en el orden de las intervenciones de las partes representadas, es decir, alega, práctica de la prueba y presenta las conclusiones primero el demandado (art. 105 LPL).

De igual modo se produce una inversión en la carga de la prueba (art. 105 LPL), el empleador debe acreditar los hechos alegados en la carta de despido como justificación del mismo.

En la sentencia que se dicte por el órgano jurisdiccional social se contendrá:

Hechos probados en los que se recogerá la fecha de despido, el salario, lugar de trabajo, categoría, antigüedad, características del empleo, cualidad delegado personal-sindical (art. 107 LPL)
Calificación del despido (art. 108 de la LPL):

Procedente: acreditada concurrencia de los motivos invocados por la parte solicitante.
Improcedente: no acreditada la concurrencia de los motivos invocados.
Nulo: si se han vulnerado o discriminado los derechos fundamentales; o se ha producido durante la suspensión del contrato por maternidad o riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento, o mientras el disfrute del permiso de lactancia, o reducción de la jornada, excedencia para el cuidado de hijos menores, salvo se acredite la procedencia del despido por causas ajenas.

Las consecuencias de la calificación del despido (art. 109 a 113 de la LPL):

Procedente; convalida la extinción del contrato de trabajo, sin derecho a indemnización ni salarios de tramitación.
Improcedente; condena al empleador a abonar salarios de tramitación y readmitir al trabajador e indemnizarle en la cantidad legalmente prevista (optará el empresario salvo si el trabajador fuera representante sindical o trabajadores, en cuyo caso corresponde a éste).
Nulo: condena al empleador a la inmediata readmisión del trabajador y al abono de salarios de tramitación.

B) DESPIDO POR CAUSAS OBJETIVAS:

Regulado en los arts. 43.4 y 120 a 123 de la LPL y 52 del ET.

El objeto del procedimiento por despido por causas objetivas se trata de resolver sobre la procedencia de un despido amparado en las causas objetivas del art. 52 del ET.

El plazo de ejercicio de la acción (art. 121 de la LPL) es de 20 días desde la fecha de extinción del contrato de trabajo (el mes de agosto es hábil a estos efectos).

En el presente procedimiento cabe la posibilidad de anticipar el ejercicio de la acción desde el momento que reciba el preaviso del despido.

La percepción de la indemnización por el trabajador o el uso del permiso para búsqueda de nuevo empleo no implican conformidad con despido ni impiden el ejercicio de la acción.

Calificación del despido (art. 122 de la LPL):

Procedente: cuando se acredita la concurrencia de la causa alegada y se respetan los requisitos formales en la comunicación escrita.
Improcedente: cuando no se acredita la concurrencia causa alegada como motivo de despido.
Nulo:

cuando se acredite que concurren Defectos formales en la comunicación escrita (salvo omisión plazo preaviso o error en cálculo indemnización).
Por la no puesta a disposición al trabajador de la indemnización correspondiente, siendo preceptivo.
Cuando implique discriminación y/o vulneración derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador
Cuando suponga fraude de ley por tratar de eludir la aplicación de las normas sobre despidos colectivos
Cuando el despido se haya producido durante la suspensión del contrato por maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción, acogimiento, disfrutando el permiso de lactancia, reducción de jornada, excedencia para cuidado hijos menores, salvo que se acredite la procedencia del despido por causas ajenas a estas circunstancias.

Consecuencias de la calificación del despido (art. 123.1 y 2 de la LPL):

Procedente; declara extinguido el contrato, condenando en su caso al pago de indemnización y salarios procedentes.
Improcedente; condena al empleador a abonar salarios en su caso debidos y readmitir o indemnizar al trabajador.
Nulo; condena al empresario a la inmediata readmisión del trabajador y al abono de los salarios en su caso debidos

Si procede la readmisión del trabajador, éste deberá reintegrar la indemnización en su caso percibida.

El juez acordará en Sentencia si procede la compensación entre la indemnización percibida y la fijada en la Sentencia.

C) DESPIDO COLECTIVO POR CAUSAS ECONÓMICAS, ORGANIZATIVAS, TÉCNICAS O DE PRODUCCIÓN.

Regulación en los arts. 113 y 124 de la LPL y 51 del ET.

El objeto del procedimiento es resolver sobre la posible nulidad del acuerdo empresarial de extinción colectiva de contratos de trabajo amparada en la concurrencia de alguna de las siguientes causas; económicas, técnicas, organizativas o de producción, fuerza mayor y/o extinción de la personalidad jurídica del empresario.

Dicho procedimiento se podrá iniciar de oficio o a instancia de parte.

Será declarado nulo el procedimiento cuando no se disponga de la previa autorización administrativa cuando fuese preceptiva (art. 51 ET)

Las consecuencias de la declaración de nulidad será la condena al empleador a:

la inmediata readmisión de trabajadores despedidos
el abono de los salarios dejados de percibir

ACTOS DE CONCILIACIÓN

2010-01-01T12:49:00.002+01:00

LA CONCILIACION PREVIA:

El acto de Conciliación Previa se trata de un intento de llegar a una transacción o acuerdo entre el empresario y el trabajador, antes del procedimiento judicial propiamente dicho.

La interposición de la papeleta de conciliación previa es un requisito previo indispensable para la interposición de la demanda en el orden jurisdiccional social, tanto en los procesos individuales como en los colectivos.

Alcanzada la conciliación, lo acordado en ella constituye un título suficiente para ejecutarse directamente, de la misma forma que se ejecutan las sentencias.

El acto de conciliación se lleva a efecto mediante la presentación de demanda o papeleta de conciliación en el registro de los siguientes organismos:

El Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social;
Dependencia correspondiente de la Comunidad Autónoma si esta materia está transferida;
Órgano que asuma estas funciones si así se ha establecido a través de acuerdos interprofesionales o convenios colectivos; en cuyo caso es obligatorio el intento de conciliación ante dicho órgano que sustituye, a estos efectos, al Servicio de mediación administrativo, pudiéndose presentar, incluso, en el Servicio de Correos.

Existen unas excepciones a esa regla general de interposición de la reclamación previa a la interposición de la demanda laboral, que viene regulado en el art. 64 de la LPL, que se trata de los procesos que versen sobre; Seguridad Social; materia electoral; los relativos al disfrute de vacaciones; aquellos que se inicien de oficio; los de impugnación de convenios colectivos; estatutos de los sindicatos o su modificación, los de tutela de la libertad sindical; en general todos aquellos en se exige el agotamiento de la vía administrativa previa; así como, en general, los procesos que sea necesario dirigir la demanda frente a personas que no fueron demandadas inicialmente.

En todo caso, hay que tener presente que se trata de una actividad preprocesal y por lo tanto no jurisdiccional.

La solicitud de la conciliación previa se hará a través de un escrito muy simple, de contenido y estructura similar a la demanda, denominado “papeleta de demanda de conciliación” o demanda de conciliación.

Se presentará en el Registro del organismo, con un original y una copia para ese organismo y otra para que se devuelva sellada y fechada al interesado, y otra copia para cada demandado.

Posteriormente a su presentación, se les citará a las partes al acto de conciliación, indicando día y hora para su celebración. La fecha de celebración, conforme al art. 65 LPL, debería fijarse no más tarde de 15 días en las acciones sujetas a plazo de caducidad; y no más tarde de 30 días en las restantes.

El acuerdo al que se haya llegado en conciliación podrá ser impugnable por las partes y también por los terceros a los que pueda afectas el mismo ocasionándole un perjuicio, en el plazo de 30 días desde que se haya alcanzado o se haya conocido por los terceros.

Dicha impugnación se sustanciará a través de un proceso judicial social.

Los efectos de la conciliación previa son:

En principio la interrupción del plazo de prescripción o suspensión de la caducidad, interrupción o suspensión que durará hasta que se celebre el acto de conciliación y como máximo hasta que transcurran 15 días desde la presentación de la papeleta de conciliación, si se tratase de una acción sujeta a plazo de caducidad, o 30 días en las restantes (art. 65 LPL).
Y según las circunstancias concurrentes los efectos son distintos:

Si no se presenta el solicitante:

Sin justa causa o Justificación ---- Archivo, se tiene por no presentado
Justa Causa---- Nuevo señalamiento --- De existir plazo para ello por no haber transcurrido los 15 ó 30 días según el caso, se citará a un nuevo acto de conciliación.

Si no se presenta ninguna de las partes ---- Mismos efectos que si no hubiera comparecido el solicitante.
Si comparece el demandante pero no el demandado. ---- Se tiene el acto por intentado sin efecto, pudiendo el demandante plantear su demanda judicial.
Si comparecen ambas partes pero no se alcanza un acuerdo. ---- El acto de conciliación se tiene por celebrado sin avenencia, y el demandante es libre para plantear su demanda judicial.
Si las partes comparecen y llegan a un acuerdo:

el acto de conciliación se da por celebrado, y se levantará acta recogiendo el acuerdo alcanzado.
el acuerdo constituye título ejecutivo que se llevará a efecto por los órganos jurisdiccionales sociales, si así se solicita, como si una sentencia fuera. (art. 68 LPL)
las posibles indemnizaciones por despido que se reconozcan no gozan de las garantías del FOGASA.
si el acuerdo fue por despido y en el acta se reconoce su improcedencia, el acta de conciliación constituirá título acreditativo de la situación legal del desempleo.

DERECHO INMOBILIARIO

2010-01-01T11:52:00.002+01:00

Nuestros abogados y asesores le pueden prestar servicio especializado en las materias que abarca el derecho inmobiliario, en concreto todo lo relacionado con la negociación, estudio y redacción de contratos y escrituras de compraventa de inmuebles, alquileres (todos los temas de interés tanto para arrendadores como para inquilinos), Comunidades de Propietarios (estatutos, cuestiones relacionadas con la Propiedad Horizontal...).

A) En lo que respecta a la COMPRAVENTA, le ayudaremos y le informaremos de todos los trámites que son necesarios cuando se procede a la compraventa de un inmueble. En este sentido, nuestros abogados y asesores se encargaran de:

• Preparar y revisar los contratos realizados en cualquier tipo de inmueble (locales, viviendas...).

• Asimismo le realizarán todos las gestiones necesarias, y que lleva aparejada una compraventa, tales como asistir al Notario, escritura, inscripción en el Registro, etc.

• Si tras la firma del contrato se produjese el incumplimiento del mismo por alguna de las partes, nuestros abogados se encargarían de efectuar las gestiones oportunas derivadas de tal incumplimiento.

• De igual modo puede ser que tras la adquisición de su vivienda/local, Vd. aprecie que en el mismo existen defectos de la construcción que desea que sean reparados, o en su caso reclamados al causante. Nuestros abogados especializados se encargaran de la citada reclamación derivada de los defectos de la construcción.

B) ALQUILERES: Tal y como hemos indicado, nuestros abogados y asesores le atenderán e informaran a fin de defender sus intereses en esta materia, tanto si es Vd. propietario como inquilino. En este sentido, le asesoraremos en relación a:

• La redacción del contrato de arrendamiento

• Finalización del contrato

• Reclamación de los daños y perjuicios derivados del contrato de arrendamiento

• Devolución de la Fianza

• Reclamación por impago de las rentas

C) COMUNIDADES DE PROPIETARIOS: Si bien es cierto que se debe confiar en la voluntad de los vecinos integrantes de un edificio a fin de solucionar los conflictos que se susciten en relación a la Comunidad de Propietarios, lo cierto es que no siempre es posible dar solución amistosa a los citados problemas. Es por ello que en este Despacho, como abogados especializados le asesoraremos en relación a las siguientes materias:

• Procesos relacionados con los derechos que se derivan de la Propiedad Horizontal

• Declaraciones de división

• Preparación de reuniones de propietarios

• Pagos relacionados con la Comunidad

• Pagos relacionados con los propietarios

• Nombramiento y cambio del administrador de la Comunidad

• Defensa de los intereses de la Comunidad o de los propietarios, en su caso, en Juicio

• Impugnación de acuerdos de la Comunidad de Propietarios

CONTRATOS

2010-01-01T11:10:00.001+01:00

Nuestros abogados podrán prestarle asesoramiento y asistencia al respecto de todo tipo de contratos y escrituras notariales, en cualquier cuestión relacionada con la redacción y contenido de los mismos. Además de ello, coordinados con el departamento fiscal, podremos asesorarle en lo referente a las implicaciones fiscales que pueden tener los contratos o escrituras notariales en las que le podamos asistir.

Entre otros podemos prestarle asistencia en relación a los siguientes tipos de contratos y escrituras:

1) CONTRATO DE COMPRAVENTA: Es aquel por el que uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente.

2) CONTRATO DE PERMUTA: Es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra.

3) CONTRATO DE CENSO: Se constituye el censo cuando se sujetan algunos bienes inmuebles al pago de un canon o rédito anual en retribución de un capital que se recibe en dinero, o del dominio pleno o menos plano que se transmite de los mismos bienes.

4) CONTRATO DE SOCIEDAD: La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias.

5) CONTRATO DE MANDATO: Es aquel por el que se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra.

6) CONTRATO DE PRÉSTAMO y COMODATO: Es aquel en el que una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelve, en cuyo caso se llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de volver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo. El comodato es esencialmente gratuito. El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar interés.

7) CONTRATO DE DEPÓSITO: Se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla.

8) CONTRATO DE ALIMENTOS: Es aquel el que una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes o derechos.

9) CONTRATO DE PRENDA: El contrato de prenda es un contrato por el que se entrega una cosa mueble a un acreedor para seguridad de su crédito, otorgándole la facultad de perseguir la cosa empeñada, retenerla en ciertos casos, y pagarse preferentemente con el producto de su realización, si el deudor no cumple la obligación garantizada.

Por lo tanto, la cosa entregada no pasa a ser propiedad del acreedor, sino que su derecho es mucho más limitado.

Con el contrato se constituye un derecho real de crédito sobre la cosa mueble entregada, por el cual el beneficiario puede vender la cosa para satisfacer su crédito sin importar el propietario de la misma (dado que el propietario, desde la constitución de la prenda hasta su ejecución puede haberla vendido).

Como medida de protección a terceros, la prenda establece que el bien pasa a la posesión del acreedor. De esta forma, el deudor no puede venderlo a un tercero que desconociese la situación. Para los casos de prenda sin desplazamiento son necesarios otros requisitos como la inscripción registral.

10) CONTRATO DE HIPOTECA: La hipoteca es un derecho real de realización de valor, constituido en garantía de un crédito o préstamo, sobre un bien (generalmente inmueble) que permanece en poder de su propietario, pudiendo el acreedor, en caso de que la deuda garantizada no sea satisfecha en el plazo pactado, promover la venta forzosa del bien gravado con la hipoteca, cualquiera que sea su titular en ese momento para, con su importe, hacerse pago del crédito debido.

11) CONTRATO DE ANTICRESIS: La anticresis es, en derecho civil, una garantía en virtud de la cual el deudor entrega a su acreedor una cosa para el pago de un crédito insoluto con los frutos, naturales o civiles (intereses), que la cosa produzca, restituyéndola una vez que se haya pagado la deuda. Mientras una parte de la doctrina la considera un derecho real, esta calificación es rechazada por algunos.

Por su parte, un contrato de anticrético se conoce comúnmente como la cesión de un bien a cambio de una cantidad de dinero. La misma cantidad de dinero debe ser devuelta para poder recuperar el bien inmueble. Teóricamente, el interés del dinero paga el uso del bien a menos que se estipule lo contrario.

12) CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

RECLAMACION DE INDEMNIZACION POR LESIONES Y DAÑOS Y PERJUICIOS ORIGINADOS EN ACCIDENTE, NEGLIGENCIA MEDICA O IMPRUDENCIA

2009-12-31T18:16:00.009+01:00

Si Vd. ha sufrido lesiones a consecuencia de un accidente de tráfico, por negligencia médica o por cualquier tipo de imprudencia y su deseo es reclamarlas judicialmente al causante de las mismas, no dude en contactar con este Despacho, toda vez que contamos con un equipo de abogados especializados que podrán asesorarle de manera eficaz.

Es importante que tenga en cuenta que existe un plazo para poder formular reclamación judicial por las lesiones que Vd. haya sufrido, siendo distinto dicho plazo según se tenga intención de reclamar en un procedimiento PENAL (normalmente por un Juicio de Faltas), o en un procedimiento CIVIL.

1) La reclamación en un PROCEDIMIENTO PENAL, inicialmente mediante denuncia, en principio tiene un plazo de prescripción de SEIS MESES desde la fecha del accidente.

2) La reclamación en un PROCEDIMIENTO CIVIL de los daños y perjuicios originados por un accidente de tráfico mediante una demanda tiene un plazo de prescripción DOCE MESES desde la fecha en que ocurrieron los hechos.

La diferencia entre un procedimiento penal y un procedimiento civil es la siguiente:
1) PROCEDIMIENTO PENAL: Con él se persigue, en principio, la imposición de una sanción al responsable del delito o falta cometido, si bien lo que sucede es que la comisión de un delito o falta lleva aparejado el pago de las responsabilidades civiles correspondientes.

Procedimiento por delito: se persiguen aquellas conductas definidas como tal en el Código Penal y que por ser más graves merecen un mayor reproche y sanción. Los delitos generan antecedentes penales y conllevan la posibilidad de imposición de penas privativas de libertad o multas de mayor cuantía que en las faltas. Ejemplos de delitos: robos, homicidios, estafas; o dentro de los asuntos relacionados con el tráfico, los denominados delitos de alcoholemia (la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas…).
Procedimiento por falta: como faltas se tipifican en el Código Penal aquellas conductas que si bien merecen un reproche y la imposición de una sanción, tienen menor gravedad que las calificadas como delito. Dentro de los asuntos relacionados con el tráfico, se encuentran tipificados la producción de lesiones imprudentes (art. 152). Por lo tanto aquellas lesiones que se producen por imprudencia, sea en un accidente laboral, en el ámbito de la vida cotidiana o en un accidente, en principio podrían ser sancionadas como falta y a través del procedimiento correspondiente podría conseguirse nos solo la imposición de una multa al causante sino también el pago de los daños y perjuicios originados en el accidente.

Mediante el inicio de un procedimiento penal además de solicitarse la imposición de una sanción, puede formularse la reclamación de la cantidad procedente como indemnización por los daños y perjuicios originados por el delito o falta, mediante la reclamación de la responsabilidad civil derivada del accidente de tráfico, negligencia médica, o del delito o falta de que se trate.

2) PROCEDIMIENTO CIVIL: Lo que se persigue es el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, con la obtención de la indemnización correspondiente. Atendiendo al importe de la reclamación se distingue entre:

Juicio Verbal: cuando el importe de la reclamación no exceda de la cantidad de 3.000.-€uros (si bien con la entrada en vigor el próximo día 4 de Mayo de 2010 de la Ley 13/2009, de 3 de Noviembre, este procedimiento será destinado para la reclamación de cantidades que no superen el importe de 6.000.-€)
Juicio Ordinario: cuando el importe de la reclamación exceda de la cantidad de 3.000.-€ (si bien con la entrada en vigor el próximo día 4 de Mayo de 2010 de la Ley 13/2009, de 3 de Noviembre, este procedimiento será destinado para la reclamación de cantidades que superen el importe de 6.000.-€)

Es por ello que antes de que transcurran los plazos anteriormente indicado Vd. deberá:
1) PRESENTAR DENUNCIA en un procedimiento PENAL: La denuncia se presentará (en el plazo de 6 meses) en el Juzgado de Instrucción competente dependiendo del lugar en el que Vd. haya tenido el accidente, y deberá ir firmada por un ABOGADO.

Tras dejar presentada la denuncia en el Juzgado la misma será registrada y se le asignará un número de procedimiento, fijándose una fecha para que el denunciante/lesionado sea reconocido por el Médico Forense del Juzgado a fin de que éste pueda valorar las lesiones sufridas con ocasión del accidente.
El día que se señale para reconocimiento forense, el denunciante/lesionado deberá llevar al Juzgado toda la documentación médica de que disponga en relación con los hechos, original y copia, toda vez que el médico se quedará copia de todo a fin de valorar la citada documentación médica y conforme a los propios criterios forenses emitirá un informe.

Dicho informe se denomina INFORME DE SANIDAD y en él se valoraran tanto los días que ha estado impedido para realizar sus funciones habituales, así como las secuelas que le ha ocasionado el siniestro. Es por ello que en el citado informe el médico hará constar:

1) Los días que han tardado en estabilizar sus lesiones, es decir, los días que han sido necesarios para su curación, distinguiéndose entre:

• Días impeditivos: son aquellos días en los que Vd. ha estado impedido para realizar sus funciones habituales.

• Días no impeditivos: son aquellos necesarios para la curación de sus lesiones pero en los que no se ha encontrado impedido para realizar sus funciones habituales.

2) Las secuelas que le ha ocasionado el accidente: las secuelas son las lesiones permanentes que quedan tras el período de curación como consecuencia del accidente. El médico forense las valorará otorgándoles una puntuación atendiendo a la gravedad de las mismas.

Tras la visita al médico forense, si éste entiende que todavía no han estabilizado sus lesiones, le citará para una segunda valoración emitiendo en ese caso un INFORME DE ESTADO donde se recoge la fecha de la próxima visita.

Gracias a ese informe, y atendiendo al BAREMO aplicable, que recoge las indemnizaciones básicas por lesiones, se calculará la indemnización que le corresponde por las lesiones sufridas en el accidente de tráfico.

2) PRESENTAR DEMANDA en un procedimiento CIVIL: La demanda se presentará (en el plazo de 12 meses) en el Juzgado de Primera Instancia competente dependiendo del lugar en el que Vd. haya tenido el accidente, y deberá ir firmada por un ABOGADO y un PROCURADOR.

Debe tener en cuenta que en el procedimiento civil, no es preceptiva la intervención del médico forense para valor las lesiones sufridas, por lo que habrá de valerse del informe médico forense que se haya obtenido con anterioridad en un procedimiento penal, o bien deberá cuantificar el importe de la reclamación por lesiones y acreditar su existencia e importancia a través de la documentación médico y con un informe pericial médico emitido por un profesional.

Si lo desea podemos ponerle en contacto con alguno de los peritos médicos expertos en valoración del daño corporal que colaboran con nuestro despacho, al efecto de que pueda realizar un seguimiento a sus lesiones y en su caso emitir un informe pericial para su aportación al Juzgado.

Recuerde además en relación a los accidentes de tráfico, que como asegurado con mucha frecuencia en la póliza de seguro suscrita con su Compañía Vd. tiene derecho a Defensa Jurídica , quedando la Compañía obligada a hacerse cargo (dentro de los límites establecidos en su póliza) de los gastos que se deriven de la intervención en un procedimiento judicial del abogado de su confianza que Vd. elija.

DERECHO ADMINISTRATIVO

2009-01-01T14:05:00.000+01:00

DERECHO ADMINISTRATIVO

En ESQUITINO, TRIVES Y BERENGUER, nuestros abogados especializados en esta materia le asesoraran en las diversas áreas del derecho administrativo entre las que se encuentran:

- Asesoramiento, presentación y tramitación de reclamaciones administrativas previas de las que se pueda derivar una responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de un servicio público

- Asesoramiento, presentación y tramitación de procedimientos administrativos y recursos contencioso administrativos ante los Juzgados Contencioso Administrativos.

- Tramitación de Procedimiento Abreviado y /o Procedimiento Ordinario derivados de cualquier actuación administrativa

- Recursos contra Sanciones administrativas (por infracciones urbanísticas, órdenes de demolición, infracciones fiscales…).

Algunos ejemplos de reclamación patrimonial de la administración: Si Vd. ha sufrido una caída mientras caminaba por la calle debido al mal estado de la misma; si se le han ocasionado daños a su vehículo provocados por una zanja o socavón abierto en la vía pública de circulación sin estar debidamente señalizados, etc., podrá dirigirse al Despacho ESQUITINO, TRIVES Y BERENGUER con el fin de que nuestros abogados especializados en este asunto le tramiten la oportuna reclamación administrativa frente al Ayuntamiento u organismo público titular de la vía y encargado del buen funcionamiento de los servicios públicos.

Con el fin de poder reclamar los daños o perjuicios que se le puedan haber ocasionado se podrá formular una reclamación administrativa previa.

La reclamación administrativa previa consiste en una pretensión dirigida a la Administración con el fin de que ésta dicte un acto administrativo resolutorio que responda a dicha pretensión.

Para formular dicha reclamación dispone de un año desde que suceden los hechos.

- Recurso Contencioso Administrativo.- Podrá interponerse recurso contencioso administrativo contra;

- las disposiciones de carácter general y los actos expresos y presuntos de las Administraciones Públicas que pongan fin a la vía administrativa.

- Los actos de trámite cuando decidan directa o indirectamente el fondo del asunto; o determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento; o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.

DELITO DE MALOS TRATOS EN EL AMBITO FAMILIAR

2005-01-01T17:12:00.002+01:00

Es MALTRATO FAMILIAR toda violencia, que en el ámbito familiar, se materializa en agresiones físicas, tales como golpes, lesiones, contusiones o bien en insultos, amenazas, humillaciones, en definitiva agresiones verbales .

El delito de malos tratos se recoge el art 153 de CP: “ El que habitualmente ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad o sobre los hijos propios o del cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces con que convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela o guarda de hecho de uno u otro, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, sin perjuicio de las penas que le pudieran corresponder por el resultado que, en cada caso, se causara".

Este delito (art. 153 C.P.) es de carácter público y deberá perseguirse de oficio, aunque en el especial ámbito en que se produce, exija normalmente la colaboración de la víctima o de personas que convivan con ella.

La autoridad deberá denunciar el caso que hayan presenciado, sin necesidad de que denuncie la víctima, o a través del testimonio de cualquier testigo del caso.
Dentro del ámbito familiar la responsabilidad penal del agresor no se extingue con el perdón del perjudicado.

Tras la denuncia presentada, por regla general se detiene a la persona denunciada y se le toma declaración (en Comisaria o ante la Policía que haya llevado a cabo la detención ) .

Se le informa al detenido de los derechos que le asisten y se comunica la detención y lugar de custodia del detenido a la persona o entidad que éste indique .

A su vez, se le informa a la denunciante (que igualmente ha prestado declaración sobre los hechos acaecidos) sobre el Protocolo de actuación ante las victimas de la Violencia doméstica y de Género, ofreciéndole a su vez a solicitar una ORDEN DE PROTECCION frente al agresor / denunciado.

De forma inmediata se remiten las actuaciones al Juzgado de Violencia sobre la Mujer del lugar de ocurrencia o caso de no existir al Juzgado de Guardia de la localidad donde se apertura un procedimiento llamado Diligencias urgentes .
En el Juzgado , tras poner comparecer el detenido y habérsele tomado declaración en calidad de imputado , procederá o bien dictar un Auto de libertad dejando sin efecto la detención o bien a la vista de las pruebas decretar la continuación de la prisión .

Tras realizar las partes una comparecencia ante el Juez de Instrucción , en las que se solicita por las partes, y el Ministerio Fiscal, lo que cada una interese (orden de alejamiento, prohibición de comunicación o cualquier medida que en el ámbito civil – cuando existan hijos o incapaces , atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinar el régimen de custodia , visita , comunicación y estancia de hijos, prestación de alimentos etc…que sea necesaria , para el caso de la denunciante ; y en el mismo sentido la defensa del denunciado), SSª dictará un Auto en el que se establecerán las medidas oportunas así como cualquier medida de naturaleza civil , protección social , etc que entienda procedente .

Cualquier medida que se adopte ha de ser notificada a las partes, y a las Administraciones Publicas competentes , así como a la Policía Local y Nacional para su constancia .

A continuación se solicita por el Ministerio Fiscal la apertura del Juicio Oral por el delito que entienda cometido por el imputado (en su caso solicitando que las medidas cautelares que se hayan adoptado se mantengan) , la Acusación Particular (denunciante) solicitará igualmente esa apertura de Juicio Oral y en su caso la defensa del imputado o bien solicitará la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Por SS se dicta AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL

Se presenta por el Ministerio Fiscal y acusación particular escrito de acusación (o bien en el acto o bien se solicita un plazo para la presentación del escrito de acusación).

Se presenta por la defensa del acusado escrito de defensa (o bien en el acto o bien se solicita un plazo para la presentación del escrito de defensa).

Los Autos directamente se remiten el Juzgado de lo Penal que se vaya a encargar del enjuiciamiento, convocando, éste último, a todas las partes para la celebración del juicio oral .

Tras el dictado de la SENTENCIA se procede por el Juzgado de lo Penal a EJECUTAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN SENTENCIA.

DERECHO DE MARCAS Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

2005-01-01T12:51:00.000+01:00

La legislación en materia de PATENTES se constituye en un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica. Con la Ley de Patentes se pretende proteger eficazmente los resultados de nuestra investigación, constituyéndose en un elemento necesario dentro de la política española de fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico.

Para la protección de las invenciones industriales se concederán , de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Patentes, los siguientes títulos de propiedad industrial:

Patentes de invención, y
Certificados de protección de modelos de utilidad.

¿QUÉ ES UNA PATENTE?, ¿QUÉ ES PATENTABLE?: Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca , transforme o utilice materia biológica. Si bien no se considerarán invenciones:

Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos
Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética , así como las obras científicas.
Los planes , reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales , así como los programas de ordenadores.
Las formas de presentar informaciones.

No podrán ser objeto de patente:

Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria.
los procedimiento de clonación de seres humanos.
los procedimientos de modificación de la identidad genética germina del ser humano
las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

la fabricación, el ofrecimiento , la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
la utilización de un procedimiento objeto del a patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.
el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

Para salvaguardar el derecho del titular de una patente , entre nuestro servicios ofrecemos a nuestros clientes ejercitar las acciones que correspondan ante los órganos de la Jurisdicción ordinaria tales como:

acción de cesación de los actos que violen su derecho.
acción de reclamación de los daños y perjuicios sufridos.
solicitud de embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios principalmente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.
solicitud de la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados, imputando el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios.
solicitud de la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente, y en particular, la transformación de los objetos o medios embargados o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la violación de la patente.
solicitud de la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas
solicitud declaración de nulidad de la patente
Redacción y negociación de contratos para la explotación de los derechos de patente. Contratos de cesión y licencia de patente y know-how. Acuerdos de confidencialidad; de transferencia de materiales.
Asesoramiento precontencioso y asistencia en procedimientos judiciales en materia de infracción o validez de patentes o modelos de utilidad.

¿QUÉ ES UN MODELO DE UTILIDAD?, ¿QUÉ SERÁ PROTEGIBLE COMO MODELO DE UTILIDAD?: Serán protegibles las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva , consisten en dar a un objeto una configuración , estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. En particular podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios , instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos que reúnan los requisitos indicados.

No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y la variedades vegetales.

La protección del modelo de utilidad confiere a su titular los mismos derechos que la patente de invención.

La duración de la protección de los modelos de utilidad es de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR MARCA? Todo signo distintivo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Tales signos podrán ser:

Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirvan para identificar a las personas.
Las imágenes, figuras , símbolos y dibujos.
Las letras, las cifras y sus combinaciones.
Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios , los envases y la forma del producto o de su presentación.
Los sonoros.
Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en apartados anteriores.

No podrán registrarse como marcas los siguientes signos:

Los que carezcan de carácter distintivo
Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino , el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o servicio.
Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.
Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
Los que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.
Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia.
Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales.
Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes.
Los que incluyan insignas , emblemas o escudos distintos de los contemplados en el Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.

Tampoco podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
Que , por ser idénticos o semejante a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
Que sean idénticos a un nombre comercial que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.
Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el de asociación con el nombre comercial anterior.
Que sean idénticos o semejantes a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.
El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.
El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
Los signos que reproduzcan , imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de auto o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los art. 6 y 7 de la Ley de marcas.
El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si , por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público.

¿Qué se entiende por marca anterior? Se entiende por marcas anteriores:

Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

marcas españolas
marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España.
marcas comunitarias.

Las marcas comunitarias registradas que reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas españolas o internacional, aun cuando esta última haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido.
Las solicitudes de marca a que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.
Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España.

¿QUE SE ENTIENDE POR NOMBRE COMERCIAL?

Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.
Las solicitudes de los nombres comerciales referidos anteriormente , a condición de que sean finalmente registradas.

¿Qué se entiende por marca y nombres comerciales notorios y renombrados? Los que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial.

Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, prohibiendo a terceros que no cuenten con su consentimiento utilizar en el tráfico económico:

Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.
Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

Para salvaguardar el derecho del titular de una marca, entre nuestro servicios ofrecemos a nuestros clientes ejercitar las acciones que correspondan ante los órganos de la Jurisdicción ordinaria tales como:

Defensa de marcas, oposiciones y recursos.
Asesoramiento relativo a la nulidad y caducidad de la marca.
Ejercicio de acciones civiles y penales por violación del derecho de marca, que prescriben a los cinco años , contados desde el día en que pudieron ejercitarse.
Ejercicio de la acción civil de cesación de los actos que violen su derecho.
Reclamación de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, que sólo podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.
La solicitud de la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, en particular , que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes , envoltorios , material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca.
Asesoramiento en materia de competencia desleal: actos de confusión, engaño, imitación, comparación, explotación de la reputación ajena.

¿Qué se entiende por nombre comercial? Todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Podrán constituir nombres comerciales:

Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
Las denominaciones de fantasía.
Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
Los anagramas y logotipos
Las imágenes, figuras y dibujos.
Cualquier combinación de los signos anteriormente indicados.

El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en la Ley de Marcas. Se declarara la nulidad y caducidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas.

CONCURSOS

2004-01-01T13:20:00.001+01:00

CONCURSO DE ACREEDORES

El concurso de acreedores es un procedimiento legal cuya finalidad es tratar y solucionar la insolvencia de las empresas con la finalidad esencial de reflotarla, satisfacer a los legítimos acreedores de forma ordenada y, en última instancia, proceder a su liquidación. Es por ello que si tiene dudas acerca de esta materia, no dude en contactar con nosotros a fin de que nuestros abogados mercantilistas coordinados con nuestro departamento de contabilidad y asesoría fiscal le asesoren. Nuestro despacho puede encargarse de toda la problemática económico-contable, jurídica y laboral que pueda derivarse de una situación de insolvencia. Tanto desde un punto de vista de empresa en situación de crisis como desde la perspectiva del acreedor que tiene que ejercitar sus derechos en un procedimiento concursal, podemos prestarle nuestro asesoramiento y consejo.

Algunas ideas sobre el procedimiento concursal: Es importante que conozca que el concurso puede ser necesario o voluntario, dependiendo de que quien lo solicite sean los acreedores del deudor, o directamente éste cuando conozca o hubiera debido conocer su estado de insolvencia, respectivamente.

La unidad y la flexibilidad del procedimiento se reflejan en su propia estructura, articulada, en principio, en una fase común que puede desembocar en otra de convenio o de liquidación.

La fase común se abre con la declaración de concurso y concluye una vez presentado el informe de la administración concursal y transcurrido el plazo de impugnaciones o resueltas las formuladas contra el inventario o contra la lista de acreedores, con lo que alcanza el más exacto conocimiento del estado patrimonial del deudor a través de la determinación de las masas activa y pasiva del concurso. A todo lo cual se suma la posibilidad de utilizar, en determinados supuestos, un procedimiento abreviado.

¿Qué efectos produce la declaración de concurso?

1. Respecto del deudor:

• se atenúan los establecidos por la legislación anterior y se suprimen los que tienen un carácter represivo de la insolvencia.

• La “inhabilitación” se reserva para los supuestos de concurso calificado como culpable, en los que se impone como sanción de carácter temporal a las personas afectadas.

• Declarado el concurso, el ejercicio de las facultades patrimoniales del deudor se somete a intervención o se suspende, con sustitución en este caso por la administración concursal. En principio, la primera de estas situaciones corresponde al concurso voluntario y la segunda al necesario; pero se reconoce al juez del concurso amplias facultades para adoptarlas y modificarlas.

• Se atenúan también la sanción de los actos realizados por el deudor con infracción de estas limitaciones, que pasa a ser de anulabilidad , además de la prohibición de su acceso a registros públicos.

• Se establece , con un sentido positivo, el deber del deudor de colaborar con los órganos del concurso, informarles de cuanto sea de interés de éste, auxiliarles en la conservación y administración de la masa activa y poner a disposición de la administración concursal los libros y documentos relativos al ejercicio de su actividad profesional o empresarial.

• La declaración de concurso, por sí sola, no interrumpe el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor, sin perjuicio de los efectos que produce sobre las facultades patrimoniales de éste; pero goza el juez del concurso de amplias potestades para acordar el cierre de sus oficinas, establecimientos o explotaciones, e incluso, cuando se trate de una actividad empresarial, el cese o la suspensión, total o parcial, de ésta previa audiencia del deudor y de los representantes de los trabajadores.

2. Los efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores:

• La paralización de las acciones individuales promovidas por éstos contra el patrimonio del concursado. Esta paralización no afecta a las declarativas del orden social y civil ya en tramitación al momento de declararse el concurso, que continuarán hasta la firmeza de la sentencia, ni a las de naturaleza contencioso-administrativa o penal con trascendencia sobre el patrimonio del deudor, pero sí a todas las de carácter ejecutivo, incluidos los apremios administrativos o tributarios, que quedarán en suspenso si se hallasen en tramitación, salvo los acordados con anterioridad a la declaración de concurso, y no podrán iniciarse una vez declarado el concurso.

• Los créditos con garantía real gozan en el concurso de privilegio especial y el convenio sólo les afectará si su titular firma la propuesta, vota a su favor o se adhiere a ella o al convenio aprobado. De no estar afectados por un convenio, los créditos con privilegio especial se pagarán con cargo a los bienes y derechos sobre los que recaiga la garantía. La ejecución se tramitará ante el juez del concurso. No obstante, en tanto subsista la paralización temporal de estas acciones, la administración concursal podrá optar por atender con cargo a la masa el pago de estos créditos.

• La declaración de concurso no afecta, en principio, a la vigencia de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes; no obstante, en interés del concurso y con garantías para el derecho de la contraparte, se prevé tanto la posibilidad de una declaración judicial de resolución del contrato como la de enervarla en caso de que exista causa para una resolución por incumplimiento.

¿Quién tiene la competencia para conocer del concurso? Los Juzgados de lo Mercantil. Se atribuye al Juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en aquellas materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, aunque sean de naturaleza social, así como las de ejecución y las cautelares cualquier que sea el órgano del que hubieran dimanado.
La ley concursal confiere al Juez del concurso una amplia discrecionalidad en el ejercicio de sus competencias, facultades que se manifiestan en cuestiones tan importantes como:

• la adopción de medidas cautelares con anterioridad a su declaración o a la entrada en funcionamiento de la administración concursal; la ampliación de la publicidad que haya de darse a la declaración de concurso y a otras resoluciones de interés de terceros; la acumulación de concursos; el nombramiento, la separación y el régimen de funcionamiento de los administradores concursales; la graduación de los efectos de la declaración de concurso sobre la persona del deudor, los acreedores y los contratos; la aprobación del plan de liquidación o el régimen de pago de créditos.

¿Qué funciones se encomienda a la Administración concursal? Son funciones esenciales de este órgano las de intervenir los actos realizados por el deudor en ejercicio de sus facultades patrimoniales o sustituir al deudor cuando haya sido suspendido en ese ejercicio, así como la de redactar el informe de la administración concursal al que habrán de unirse el inventario de la masa activa, la lista de acreedores y, en su caso, la evaluación de las propuestas de convenio presentadas.
La administración concursal habrá de pronunciarse sobre la inclusión de todos los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que hayan sido comunicados en el plazo y en la forma que la ley establece como de los que resultaren de los libros y documentos del deudor o que por cualquier otro medio consten en el concurso.
¿Cómo se clasifican los créditos? Los créditos se clasificarán en privilegiados -con privilegio especial o general-, ordinarios y subordinados.

Serán créditos ordinarios aquellos que no se encuentren calificados como privilegiados ni como subordinados.

A los acreedores privilegiados solo afectará el convenio con su conformidad y , en caso de liquidación, se les pagará con prioridad respecto de los ordinarios
Los créditos subordinados son aquellos que merecen quedar postergados tras los ordinarios, por razón de su tardía comunicación, por pacto contractual, por su carácter accesorio (intereses), por su naturaleza sancionadora (multas) o por la condición personal de sus titulares (personas especialmente relacionadas con el concursado o partes de mala fe en actos perjudiciales para el concurso).

¿Cuáles son las soluciones del concurso previstas en la ley? El convenio y la liquidación.
El convenio es la solución normal del concurso, que la ley fomenta con una serie de medidas , orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del acuerdo contenido en un negocio jurídico en el que la autonomía de la voluntad de las partes goza de una gran amplitud.
La ley concede al deudor la facultad de optar por una solución liquidatoria del concurso, como alternativa a la de convenio, pero también le impone el deber de solicitar la liquidación cuando durante la vigencia de un convenio conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a su aprobación. Los efectos de la liquidación son , lógicamente más severos. El concursado quedará sometido a la situación de suspensión en el ejercicio de sus facultades patrimoniales de administración y disposición y sustituido por la administración concursal; si fuese persona natural, perderá el derecho a alimentos con cargo a la masa; si fuese persona jurídica, se declarará su disolución , de no estar ya acordada, y, en todo caso, el cese de sus administradores o liquidadores.
Las operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la masa operan con el carácter de prededucibles, en el sentido de que, antes de proceder al pago de los concursales, han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, que sean necesarios para satisfacer aquellos a sus respectivos vencimientos.
¿Cómo se calificará el concurso? Como fortuito o como culpable. Esta última calificación se reserva a aquellos casos en los que en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, o de sus representantes legales , administradores o liquidadores.
¿Cuáles son las causas de conclusión del concurso? Son de naturaleza muy diversa: bien porque la apertura no se ajustó a derecho (revocación de auto de declaración de concurso), bien porque el procedimiento alcanzó su finalidad (cumplimiento del convenio, íntegra satisfacción de todos los acreedores), bien por su frustración (inexistencia de bienes y derechos con los que satisfacer a los acreedores) o por ejercicio del derecho de disposición de las partes sobre el procedimiento (desistimiento o renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos transacción del deudor con ellos, causas esta que, por sus características, sólo pueden operar una vez terminada la fase común del procedimiento y que exigen aceptación y homologación del juez, previo informe de la administración concursal).

DOMICILIO EN DOLORES:

2001-01-01T09:18:00.002+01:00

Plaza Cardenal Belluga nº 4
CP.- 03150 DOLORES

Teléfono y Fax: 96.572.62.12

INCAPACIDAD LABORAL

2000-01-01T09:17:00.006+01:00

La INCAPACIDAD LABORAL se corresponde con aquella situación en la que, bien por haber sufrido un accidente o por alguna enfermedad , una persona ve disminuida su capacidad para desempeñar un puesto de trabajo o bien una imposibilidad para ejercer el mismo o en general una imposibilidad de realizar cualquier trabajo .

Con carácter general, pueden clasificarse de la siguiente forma:

• Incapacidad temporal, que es la que se produce cuando el trabajador, debido a una enfermedad o accidente, está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Esta situación puede derivarse de una enfermedad común o accidente no laboral o de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. En el primer caso, el subsidio se cobrará a partir del cuarto día de la baja y en el segundo desde el día siguiente . La falta de rentas se cubre mediante el pago de un subsidio diario en tanto el trabajador esté imposibilitado para trabajar y requiera de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Para obtener esta prestación hay que acudir al Servicio Público de Salud o a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

El médico de la Seguridad Social o de la mutua verificará la situación de incapacidad temporal y extenderá el pertinente parte de baja con cuatro copias: una para la Inspección de Servicios Sanitarios, otra para la Entidad Gestora de la Seguridad Social o Mutua y dos para el trabajador, de las que una habrá de facilitarla a su empresa .

La baja se irá confirmando cada siete días con los correspondientes partes médicos hasta que se produzca el alta y, con ella, la extinción de la prestación.

• Incapacidad permanente, que se plantea cuando la persona, estando afectada por un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral de forma presumiblemente definitiva.

Dentro de este tipo de incapacidad se distinguen distintos grados:

o Parcial para la profesión habitual: La que ocasiona una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para dicha profesión.

o Total para la profesión habitual: es la que inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero puede dedicarse a otra distinta.

o Absoluta para todo trabajo: inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio.

o Gran invalidez: Cuando además necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.

• Lesiones permanentes no invalidantes, que se corresponden con aquellas lesiones, mutilaciones y deformidades causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que sin llegar a constituir incapacidad permanente, suponen una disminución de la integridad física del trabajador.

En lo que a la incapacidad permanente se refiere, la falta de ingresos se cubre por el reconocimiento de una pensión contributiva, que se percibirá, en el caso de la parcial, a partir de la fecha de la resolución que la determine, y en los demás casos, el día de propuesta de declaración de la incapacidad permanente o el día siguiente a la extinción de la incapacidad temporal.

En cuanto al procedimiento de reconocimiento, puede iniciarse de oficio por la propia Administración , por las Entidades colaboradoras- Mutuas- o por el propio interesado mediante la presentación de la pertinente solicitud.

Una vez analizada toda la documentación y pruebas que al efecto se puedan requerir, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) formulará un dictamen-propuesta en base al informe médico de los facultativos del Instituto Nacional de la Seguridad Social y al informe de antecedentes profesionales

Finalmente, se dictará Resolución expresa declarando el grado de incapacidad, la cuantía de la pensión – que variará en función del grado - y el plazo en el que deberá revisarse la incapacidad para ver si se agrava o se atenúa.

Si no se está conforme con la RESOLUCION adoptada , podrá interponer Reclamación Previa a la via jurisdiccional , ante la Dirección Provincial correspondiente , en el plazo de 30 dias desde la recepción de la notificación , de conformidad con lo establecido en el art 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legisltaivo 2/1995 de 7 de Abil . Formulada dicha reclamación previa , la Entidad deberá contestar expresamente a la misma en el plazo de 45 dias , en caso contrario , se entenderá denegada por silencio administrativo . La demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente habrá de formularse en el plazo de 30 dias , a contar desde la fecha en que se notifique la denegación de la reclamación previa o desde el dia en que se entienda denegada por silencio administrativo.

La situación de incapacidad puede revisarse por agravación, mejoría, error de diagnóstico o por la realización de trabajos, pudiendo dar lugar a la confirmación o modificación del grado o a la extinción de la incapacidad y por tanto de la pensión. Esta revisión es posible sólo mientras no se hayan cumplido los 65 años, y una vez transcurrido el plazo dictado en la resolución.

No será necesario que haya transcurrido dicho período de tiempo – si es igual o inferior a dos años, el trabajador tendrá derecho a reserva de su puesto de trabajo - si el pensionista está ejerciendo algún trabajo, o si la revisión se funda en un error de diagnóstico .

En cuanto a los requisitos para ser beneficiario de la prestación cabe señalar, de forma genérica, que dependiendo del grado de incapacidad se exigen unos requisitos generales y de cotización. Si la incapacidad deriva de accidente, sea o no de trabajo o de enfermedad profesional, no se exigen cotizaciones previas.

En lo que a la cuantía se refiere, vendrá determinada por la base reguladora y el porcentaje que se aplica según el grado de incapacidad permanente reconocido.

Así:

o Incapacidad permanente parcial, consiste en una indemnización a tanto alzado equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la incapacidad temporal.

o Incapacidad permanente total, 55% de la base reguladora. Se incrementará un 20% a partir de los 55 años cuando por diversas circunstancias se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta a la habitual.

o Incapacidad permanente absoluta, 100% de la base reguladora.

o Gran invalidez, 100% de la base reguladora incrementado en un 50% destinado a remunerar a la persona que atiende al gran inválido.

• Por último y, en lo que a las lesiones permanentes no invalidantes se refiere, se prevé el pago de una indemnización económica a tanto alzado o por una sola vez.

La cuantía de esta indemnización está determinada en el baremo establecido al efecto para cada tipo de lesión, recogido en la Orden TAS/1040/2005 de 18 de Abril , por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes

El procedimiento de reconocimiento de la prestación es el previsto para la incapacidad permanente.

ARRENDAMIENTOS

2000-01-01T09:15:00.005+01:00

Juicios de arrendamiento.- Juicios de reclamación de rentas, desahucio, resolución de contratos

CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA O LOCAL DE NEGOCIO:

Si está pensando en alquilar un inmueble y le surgen dudas, nuestro equipo de abogados podrá prestarle asesoramiento al respecto. De igual modo, si Vd. ha alquilado su vivienda y ahora tiene problemas con su inquilino, no dude en contactar con nuestros profesionales a los fines de que le indiquen lo que se debe y lo que no se debe hacer en esos casos.

A) ALQUILAR UNA VIVIENDA/LOCAL: Algunos consejos a tener en cuenta cuando alquilamos o nos alquilan son los siguientes:

• Se debe firmar un contrato por escrito, dónde se pueden añadir las cláusulas que se estimen convenientes (si se alquila con los muebles o sin ellos, si se presta fianza, si se incluyen los gastos de mantenimiento, quién debe pagar la comunidad…..).

• Si queremos asegurarnos de que la persona que nos alquila el piso/local (arrendador) es el propietario del mismo, podemos pedir una nota simple en el Registro de la Propiedad.

Los arrendamientos de vivienda se rigen por lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos, por la voluntad de las partes (según lo que se establezca en el contrato) y, supletoriamente por lo dispuesto en el Código Civil.

Es importante hacer mención de que con la nueva regulación del juicio de desahucio, en la Ley 19/2009 de Medidas de fomentos del alquiler, el legislador pretende dar una mayor agilidad y eficacia a esta clase de procesos; así como mejorar las garantías para el arrendador.

B) PROBLEMAS CON EL ALQUILER: Si tras alquilar su vivienda/local le surgen problemas con su inquilino, o desea disponer de su propiedad, debe de saber que Vd. como propietario tiene diferentes acciones para hacer valer sus derechos:

a. RECLAMACIÓN DE RENTAS: Vd. podrá presentar en el Juzgado una reclamación de las rentas que le adeuda su inquilino, desde la fecha en que el mismo dejó de abonarlas hasta la presentación de la demanda, así como las que se devenguen después de presentada la misma. Para la presentación de la citada demanda será preciso aportar:

i. El contrato de arrendamiento original debidamente firmado

ii. Justificantes del impago de las rentas por parte del inquilino (recibos)

iii. Facturas que se vayan a reclamar de los gastos originados (agua, luz….)

b. DEMANDA DE DESAHUCIO: si lo que desea es recuperar la posesión de su vivienda/local, lo que deberá presentar es una demanda de desahucio. Con ello lo que se consigue es que su inquilino abandone la vivienda. Ello se consigue mediante lanzamiento, siendo el Juez en todo momento el que dispone cuándo se produce el mismo y la consiguiente salida del inquilino de la vivienda, pudiendo Vd. acceder de nuevo a la misma. Es IMPORTANTE que tenga en cuenta que salvo que llegue a un acuerdo reflejado por escrito, antes del citado lanzamiento VD. NO PODRÁ ACCEDER A LA VIVIENDA MIENTRAS SE ENCUENTRE OCUPADA POR EL INQUILINO.

c. DEMANDA DE DESAHUCIO CON RECLAMACIÓN DE RENTAS: Se trata de aunar los dos procedimientos indicados anteriormente, es decir, presentar una reclamación judicial en virtud de la cual se solicite tanto que el inquilino abandone la vivienda como las rentas y gastos impagados.

Cabe indicar que recientemente se han producido modificaciones legales, entre las que cabe hacer mención a las siguientes:

1.- Citación a juicio: Art. 440.3 LEC reformado “(…) En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en la citación que, de no comparecer a la vista se declarara el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia, el sexto día siguiente a contar del señalado para la vista. Igualmente en la resolución de admisión se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá producirse antes de un mes desde la fecha de la vista, advirtiendo al demandado que, en caso de que la sentencia sea condenatoria y no se recurra, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior.”

En la cédula de citación se hará constar:

• las generalidades de la ley, art. 440.1

• la posible enervación

• compromiso del art. 437.3, de condonar al arrendatario todo o parte de la deuda y las costas, con expresión de la cantidad concreta, condicionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo que se indique por el arrendador, que no podrá ser inferior al plazo de quince días desde que se notifique la demanda.

• Tres días desde la notificación para designar abogado y procurador de oficio o solicitar asistencia jurídica gratuita.

• Apercibirle que en caso de no comparecer a la vista se declarará el desahucio sin más trámites.

• Que queda citado para recibir la notificación de la sentencia el sexto día siguiente a contar del señalado para la vista.

• Se fijará el día y hora para el lanzamiento (antes de un mes desde la fecha del juicio)

• Se advertirá al demandado que en caso de que la sentencia sea de condena y firme se procederá al lanzamiento sin necesidad de notificación posterior.

2.- Las notificaciones y citación del demandado: Las novedades operadas en los arts. 155 y 164, cabe resaltar el art. 155.3 “ (…) cuando en la demanda se ejercite una acción de aquellas a las que se refiere el número 1º del apartado 1 del artículo 250, se entenderá que si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevarán a cabo los actos de comunicación, este será, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado. (…)”

“Si la demanda se dirigiese a una persona jurídica podrá igualmente señalarse el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o gestor de la Junta de cualquier asociación que apareciese en un Registro oficial.” (art. 155.3 LEC)".

Art. 164. “En los procesos de finca urbana o rústica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hallársele ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el segundo párrafo del número 3 del art. 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador al que éste no se hubiese opuesto, se procederá sin más trámites, a fijar la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.”

La finalidad de dicha modificación es el evitar, ante los casos de desconocimiento de domicilio del arrendatario una actividad de averiguación de algún otro domicilio del deudor.

3.- Cuantía del proceso: Su regulación viene en el art. 251. Regla 9ª y art. 252. Regla 2ª LEC

“En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo cuando tengan por objeto reclamaciones de las rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda será el importe de una anualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que ésta aparezca fijada en el contrato. “ (art. 251, regla 9ª LEC).

“Si las acciones acumuladas provienen del mismo título o con la acción principal se piden accesoriamente intereses, frutos, rentas o daños y perjuicios, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor de todas las acciones acumuladas. Pero si el importe de cualquiera de las acciones no fuera cierto y líquido, sólo se tomará en cuenta el valor de las acciones cuyo importe sí lo fuera".

Para la fijación del valor no se tomarán en cuenta los frutos, intereses o rentas por correr, sino los vencidos. Tampoco se tomará en cuenta la petición de condena en costas.

Sin perjuicio de lo anterior, si las acciones acumuladas fueran la de desahucio por falta o por expiración legal o contractual del plazo, y la de reclamación de rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la acción de mayor valor.”

La cuantía del proceso resulta importante a la hora de tasar las costas.

En definitiva la cuantía viene determinada:

a) Solo se reclama suma adeudada: importe total del montante.

b) Desahucio: importe de una anualidad de renta.

c) Acumuladamente: Desahucio+rentas: la de mayor valor.

4.- La enervación: Regulación legal: art. 22 LEC y art. 440.3 LEC (se indica la posibilidad de enervación en la cédula de citación).

Art. 22.4 LEC : Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto dictado al efecto por el Secretario judicial si, antes de la celebración de la vista, el arrendatario paga al actor o pone a su disposición en el Tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se opusiera a la enervación por no cumplirse los anteriores requisitos, se citará a las partes a la vista prevenida en el artículo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictará sentencia por la que declarará enervada la acción o, en otro caso, estimará la demanda habiendo lugar al desahucio.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, excepto que el cobro no hubiese tenido lugar por causas imputables al arrendador, ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, un mes de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación.

5.- Notificación de la sentencia: Hay dos posibilidades:

1. Que comparezca el demandado: se le cita en el acto de la vista para recibir la notificación que tendrá lugar el día más próximo posible dentro de los cinco siguientes al de la sentencia. (art. 447.1 LEC)

2. Que el demandado no comparezca a juicio:

1. en la cédula de citación debió de citársele el sexto día siguiente a contar del señalado para la vista para recibir la notificación de la sentencia (art. 440.3 LEC)

2. si no comparece, por edictos en el Tablón del Juzgado (art. 497.apartado 2 LEC)

6.- Ejecución: Se han modificado dos preceptos en sede de ejecución:

a.- Art. 549, se añade dos párrafos;

• Art. 549.3 LEC “El demandado PODRÁ en la demanda inicial de desahucio solicitar la ejecución del lanzamiento y esto será suficiente para proceder al lanzamiento (sin más trámites)".

• Art. 549.4 LEC. No se aplica el plazo de espera de 20 días del art. 548 LEC.

b.- Art. 703.4 LEC. (Se modifica el apartado cuarto que queda redactado así): “Si con anterioridad a la fecha fijada para el lanzamiento, en caso de que el título consista en una sentencia de desahucio de finca urbana, se entregare la posesión efectiva al demandante, acreditándolo el arrendador ante el Secretario Judicial encargado de la ejecución, se dictará decreto declarando ejecutada la sentencia y cancelando la diligencia, a no ser que el demandante interese su mantenimiento para que se levante acta del estado en que se encuentre la finca.”

8.- Derecho Transitorio: Disposición Transitoria Primera: entrada en vigor el mes de su publicación.

Publicación: 24 de noviembre de 2009

Entrada en vigor: 24 de diciembre de 2009.

Disposición Transitoria Segunda: Las competencias del Secretario se harán efectivas el 4 de mayo de 2010.